La madre de una de las víctimas del fisioterapeuta Santiago Luis Guillermo Capelo Barreto denunció la inacción del Estado frente al caso de presunto abuso sexual contra niños con discapacidad que la Fiscalía le imputó ayer al profesional, que continúa prófugo.
«Necesito que las personas que están encargadas del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, de la Defensoría de la Niñez, el Ministerio de Salud, la Fiscalía, hagan eco de esta situación porque no lo están haciendo, porque yo tengo que recurrir a ustedes, a la prensa», reclamó la denunciante.
«Mi mayor reclamo es la lentitud de los entes encargados de velar por la seguridad de los niños y aún más de los niños con discapacidad», afirmó, y dijo hablar no solo por su hija, sino también por otro menor involucrado en la causa, «porque la madre está más devastada» que ella.
La mujer describió además el peso de que su hija no pueda denunciar por sus propios medios lo ocurrido. «Mi hija no puede hablar, no puede gritar lo que le están haciendo», expresó.
La denunciante cuestionó también que la Policía no habría buscado activamente al acusado hasta que ella misma reclamó ante las autoridades. «¿Cómo vas a atraparle a alguien al que no le estás buscando?», planteó. Capelo Barreto, de 42 años, tiene una orden de captura vigente desde hace 20 días y continúa con paradero desconocido.
Según relató, el hecho se denunció el 24 de julio, pero recién 14 días después se le informó sobre el avance de la causa. De acuerdo con lo que le explicaron, el centro de rehabilitación donde ocurrieron los hechos, «A Pasitos», tomó conocimiento formal el 5 de agosto, cuando la Fiscalía solicitó la nómina de pacientes.
El centro, ubicado sobre las calles Dr. Benigno Ferreira y Av. Dr. Guido Boggiani, en Asunción, continúa operando con normalidad y actualmente asisten entre 60 y 80 niños. Según la denunciante, la institución emitió un comunicado «bastante escueto» sobre el caso. La pareja del acusado, la licenciada Daisy González, también fisioterapeuta, continúa trabajando allí.
La imputación fiscal, formalizada ayer por Federico Leguizamón, corresponde a tres menores de 5, 7 y 10 años. La causa investiga abuso sexual en personas indefensas y abuso sexual en niños: se los considera «personas indefensas» por tratarse de menores con discapacidad motriz y del habla, que se comunican por señas o mediante una tablet.
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