El agente fiscal señaló que analiza los documentos para determinar si existen elementos que atribuyan responsabilidad a otras personas involucradas en el caso.
Ortiz afirmó expresamente que existe la “probabilidad” de que miembros del Consejo de Administración del IPS sean imputados. Explicó que, mientras los expresidentes Vicente Bataglia y Jorge Brítez fueron procesados en su condición de ordenadores de gastos, ahora se deberá establecer cuál fue el grado de participación de los consejeros en las decisiones investigadas.
“El ordenador de gastos es el presidente del ente”, sostuvo Ortiz, al explicar el fundamento de las imputaciones contra los extitulares de la institución. Sin embargo, aclaró que la documentación incorporada a la causa permitirá determinar si otros integrantes del Consejo de Administración tuvieron participación relevante en los hechos que son objeto de investigación.
En este contexto, Vicente Bataglia, después de varios días, se presentó voluntariamente este miércoles ante el Ministerio Público y se abstuvo de declarar. Su comparecencia permitió que el fiscal levantara la orden de detención que pesaba sobre el expresidente del IPS, quien deberá comparecer ahora ante el juzgado para la imposición de medidas.
La defensa de Bataglia sostiene que el presidente del IPS no decide unilateralmente los pagos y que las operaciones pasan por un análisis financiero y por decisiones del Consejo de Administración.
El abogado defensor Arturo Daniel cuestionó que la investigación se haya concentrado inicialmente en los dos expresidentes, argumento que cobra relevancia ante la posibilidad planteada por la Fiscalía de ampliar el alcance de las imputaciones.
Bataglia quedó, por ahora, a disposición de la Justicia sin prisión preventiva. El juez Rodrigo Estigarribia fijó para el 20 de agosto, a las 9:00, la audiencia de imposición de medidas. Mientras tanto, el fiscal Ortiz avanza en el análisis de la documentación remitida por el IPS, un proceso que podría determinar quiénes más deberán responder ante la Justicia por las decisiones vinculadas a los cuestionados quirófanos modulares.
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