Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y Leonardi Guerrero sostienen que los acusados habrían intervenido en la tramitación de una acción preparatoria de juicio ejecutivo basada en siete pagarés, en un procedimiento que, según la hipótesis fiscal, avanzó sin que la demandada tuviera conocimiento efectivo, afectando su derecho a la defensa.
Uno de los principales elementos de la investigación es una notificación que supuestamente fue realizada el 14 de junio de 2024 en San Miguel de Tucumán, Argentina. Sin embargo, según la Fiscalía, la ujier que informó haber realizado la diligencia cumplió funciones ese mismo día en el Juzgado de Paz de La Encarnación y no registró una salida del Paraguay.
Pese a esa situación, la notificación posteriormente habría sido considerada realizada “en legal forma”, lo que permitió que el proceso ejecutivo continuara.
Según la acusación, los cuatro procesados habrían tenido distintas participaciones en los hechos investigados y fueron acusados por supuestos hechos punibles de prevaricato, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, además de complicidad e instigación, conforme al grado de participación atribuido a cada uno.
La Fiscalía sostiene que la investigación ya fue agotada y presentó los elementos de convicción reunidos durante el proceso, entre ellos documentación y otros elementos vinculados a la tramitación del expediente.
Con la acusación, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público, donde deberá determinarse la eventual responsabilidad de los acusados.
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