Durante una entrevista con Ñanduti, Nicora se refirió al caso del exgobernador de Central Hugo Javier González y señaló que situaciones de riesgo pueden afectar a cualquier persona privada de libertad, independientemente de su perfil público.
El ministro explicó que el sistema penitenciario administra actualmente a unas 20.200 personas, aunque aclaró que dentro de esa población existen distintos perfiles y que debe respetarse la presunción de inocencia de quienes todavía no cuentan con una condena.
En ese contexto, sostuvo que la estrategia de seguridad debe comenzar por identificar y desarticular el funcionamiento de las organizaciones criminales dentro de las penitenciarías. “Si no empezás por la raíz del problema, que es cómo manejaban las organizaciones criminales estos centros de privación de libertad, no vamos a poder solucionar el problema de seguridad nunca”, afirmó.
Nicora señaló que, desde su llegada al Ministerio de Justicia, una de las líneas de trabajo fue separar a procesados y condenados y aislar a las personas identificadas como cabecillas de estructuras criminales.
Según explicó, esta estrategia comenzó a implementarse con mayor fuerza desde diciembre de 2023 y actualmente cuenta con módulos de máxima seguridad en establecimientos como Minga Guazú, Martín Mendoza y el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad.
El ministro recordó que anteriormente existían casos en los que líderes de organizaciones criminales mantenían capacidad de mando dentro de los centros penitenciarios.
Mencionó específicamente el caso del Buen Pastor, donde una mujer vinculada a una organización dedicada al secuestro habría continuado impartiendo órdenes desde el establecimiento.
El titular de Justicia insistió en la necesidad de mantener separados los distintos perfiles de personas privadas de libertad y limitar la capacidad de conducción de las estructuras criminales desde las penitenciarías.
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