Nuevas imágenes de circuito cerrado muestran a Aldo Alexis Duarte Moreira llegando a su casa de madrugada y abandonándola a pie minutos antes de que la Policía allanara el lugar. Un día antes del ataque, la Justicia ya investigaba un posible incumplimiento de la medida de protección vigente a favor de la víctima.
Dos nuevos videos de circuito cerrado (CCTV) muestran al presunto autor del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, llegando a bordo de su vehículo a su vivienda en el barrio San Francisco de J. Augusto Saldívar a la 1:52 de la madrugada de este viernes, pocas horas después del crimen, y abandonando la casa a pie a las 7:23 de la mañana del mismo día. Duarte Moreira, de 26 años, expareja de la víctima, continúa prófugo.
El allanamiento no dio resultados
Luego de varias horas de espera para obtener la orden correspondiente, agentes del Departamento Especializado en Investigación de Homicidios ingresaron a la vivienda señalada. Allí hallaron el automóvil que había sido registrado por las cámaras de seguridad durante el crimen, así como documentos personales de Duarte, pero no encontraron al sospechoso ni el arma utilizada en el ataque. Vecinos de la zona, convocados por la tensión del operativo, llegaron a amenazar con ingresar por la fuerza a la propiedad.
La búsqueda y las primeras declaraciones policiales
Antes del allanamiento, la Policía había ubicado el vehículo utilizado por Duarte y cercó la vivienda mientras aguardaba la autorización judicial. El comisario Alberto Morínigo, jefe de la Comisaría 15ª, había señalado horas antes: «Estamos realizando varios operativos tratando de ubicar a esta persona.» Según el jefe policial, los vecinos de la zona del ataque no escucharon los pedidos de auxilio de la víctima, y los familiares de Deisy ya habían manifestado que existían antecedentes de violencia por parte de su expareja.
El crimen
Deisy Paola Giménez Segovia fue asesinada a balazos en la noche del jueves cuando se dirigía a su trabajo, en un local ubicado a cuatro cuadras de su casa, sobre la calle Ybyra Pytá, en el barrio Santa Lucía de Lambaré. Según la reconstrucción del hecho, un automóvil blanco le cerró el paso y un hombre descendió del vehículo para dispararle. Recibió tres disparos; la autopsia confirmó dos heridas de arma de fuego en la cabeza como causa de muerte.
Antecedentes: una denuncia previa y una medida de protección vulnerada
El caso había sido denunciado formalmente el 18 de setiembre, cuando Deisy se presentó ante la Policía Nacional en Capiatá para relatar años de violencia psicológica y celos excesivos por parte de Duarte, con quien convivía desde hacía cerca de cinco años. En su declaración, detalló amenazas de muerte, intimidaciones sobre quemar su vehículo y esperarla a la salida de su casa. Relató además un episodio ocurrido el 16 de setiembre, cuando el denunciado intentó estrangularla, le rompió el celular, le gritó improperios, le impidió salir a pedir ayuda y le quitó las llaves del vehículo para evitar que escapara. Un día después, el 17 de setiembre, Duarte la esperó fuera de la casa de su madre en Lambaré. A partir de ese hecho, Deisy solicitó formalmente una medida de protección y alejamiento.
La novedad clave: una investigación por desacato, un día antes del crimen
El 7 de octubre, apenas un día antes del ataque, el Juzgado de Paz de Lambaré, a cargo de la jueza interina Lidia M. Fariña, dictó una providencia a raíz de manifestaciones realizadas por la propia Deisy en una audiencia. La resolución ordenó trasladar el caso al Ministerio Público para investigar la comisión de desacato —es decir, el incumplimiento de la medida de protección vigente— conforme al artículo 1° de la Ley 4711/12. El dato confirma que, en los días previos al crimen, la víctima había vuelto a alertar a la Justicia sobre el incumplimiento de la orden de alejamiento que debía protegerla.
Deisy estudiaba Derecho y se encontraba próxima a culminar la carrera. Había terminado su relación con Duarte aproximadamente un mes antes del ataque y había vuelto a vivir con su familia.
El caso reabre el debate sobre la respuesta institucional ante las denuncias de violencia contra las mujeres y la efectividad real de las medidas de protección, en un hecho donde la víctima había alertado a la Justicia apenas 24 horas antes de ser asesinada.
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