Un equipo especial de la Fiscalía de Corea del Sur volvió a pedir la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por su intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, que desató una de las mayores crisis institucionales en la historia democrática del país.
“No hay motivos para dudar a la hora de imponer la pena de muerte”, dijo uno de los fiscales, en declaraciones recogidas por la agencia local Yonhap.
En febrero de este año, un tribunal condenó a Yoon a cadena perpetua por liderar la insurrección. Sin embargo, el exmandatario apeló la sentencia y el Tribunal Superior de Seúl examina ahora el caso.
La Fiscalía ya había solicitado la pena capital durante el proceso anterior, pero el tribunal decidió entonces rebajar la condena a cadena perpetua. En Corea del Sur existe de facto una moratoria sobre la pena de muerte y no se ha registrado ninguna ejecución desde 1997.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon declaró la ley marcial y envió al Ejército y a las fuerzas antidisturbios para intentar paralizar la Asamblea Nacional, pero el Parlamento bloqueó el decreto unas horas después.
El exmandatario fue destituido en abril del año pasado por el Tribunal Constitucional, al considerar que no había indicios de una situación de emergencia que justificara el decreto.
Desde entonces, los tribunales también condenaron a otros miembros de su gobierno, entre ellos al ex primer ministro Han Duck-soo, a 15 años de prisión, y al exministro de Defensa Kim Yong-hyun, a 30 años.
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