Esto se debe a que Valdez Rivas habría solicitado el blanqueamiento definitivo de la exjueza Tania Irún, quien fue procesada por prevaricato por entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.
Según Enriquez, la principal acusada sería la exjueza Tania Irún, quien en 2018 emitió una resolución favoreciendo a un grupo de empresas extranjeras sobre casi 350.000 hectáreas en el Chaco.
“Cosa que le costó el trabajo por pedido de dos ministros de la Corte, más el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado. Eso dio inicio a una denuncia penal por prevaricato», explicó el abogado.
Relató que la causa fue inicialmente investigada por la fiscal Natalia Fuster. “Terminado el juicio donde se demostró su parcialidad manifiesta. Ella reunió los requisitos y fue removida de su lugar de trabajo. En el 2021, la fiscala Fuster empezó a hacer algunos trámites como para llegar a una acusación», comentó Enriquez.
Refirió que a la fiscal Fuster la apartaron tras 4 años de trabajo en la causa y pocos días antes de la fecha tope para presentar acusación. Luego, fue asignada la fiscal María Verónica, que, según el abogado Enriquez, ella presentó actos conclusivos argumentando que no tenía elementos para sostener juicio oral, por lo que pidió el sobreseimiento. «Esto llamó la atención», agregó el abogado.
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